Legisladores iniciarán un proceso de fiscalización a la Resolución del Consejo de la Judicatura, emitida el 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se suprimieron y modificaron determinadas dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El proceso fue asignado a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que analizará los elementos, documentos e informes técnicos que sustentaron la decisión, así como el procedimiento seguido para su adopción.
Durante el proceso, la Comisión de Justicia podrá requerir información, documentación e informes técnicos, además de convocar a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y otras personas que considere pertinentes.
Una vez concluida la fiscalización, deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.