Este lunes 24 de agosto, la Comisión de Soberanía aprobó con ocho votos el informe para primer debate de la Ley Antimafias.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, para fortalecer la respuesta estatal ante el crimen organizado.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales del Estado para prevenir, investigar y sancionar el crimen organizado.
Además, plantea debilitar los recursos, infraestructura y medios logísticos utilizados por las organizaciones criminales para operar.
El proyecto aborda las distintas dimensiones del crimen organizado y busca reducir sus capacidades operativas, territoriales, institucionales y económicas.
La reforma establece una articulación entre las entidades estatales vinculadas con la seguridad y la justicia, para una respuesta ordenada.
También delimita responsabilidades, atiende riesgos procesales y establece medidas para proteger la administración de justicia y sus procesos.
La propuesta regula la conservación y administración de activos vinculados con procesos judiciales relacionados con el crimen organizado.
Entre sus ejes constan los recursos estratégicos, la capacidad operativa, la estructura criminal y el control territorial de estas organizaciones.
También contempla garantías y riesgos procesales, integridad de la justicia y ejercicio de la abogacía, junto con la gestión patrimonial.
El proyecto incorpora la venta anticipada y la extinción de dominio como herramientas para afectar los recursos de las organizaciones criminales.