Nueva Ley de Aviación Civil abre paso a más rutas, conectividad e inversión

La normativa, aprobada en la Asamblea, busca fortalecer la seguridad operacional y de la aviación, promover el desarrollo sostenible de las actividades aéreas civiles, garantizar los derechos de los usuarios y establecer reglas para el uso adecuado del espacio aéreo, en concordancia con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, Valentina Centeno, destacó que la norma no había sido actualizada en 20 años y señaló que permitirá aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria existente, promover nuevas rutas y frecuencias y generar condiciones para una mayor participación e inversión privada, bajo mecanismos de control y estudios técnicos.

Resaltó la incorporación de una política de cielos abiertos para ampliar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores, además de la regulación y registro obligatorio de aeronaves no tripuladas para fortalecer la seguridad y el control del espacio aéreo. “Esta ley no es solo aeropuertos, vuelos, aviones y drones. Esta ley sirve para aprovechar lo que ya tenemos, para abrirnos a nuevas oportunidades y para generar reglas claras”, concluyó.

El proyecto está estructurado por 215 artículos, ocho títulos y 36 capítulos. Entre sus principales disposiciones, fortalece el rol de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) como autoridad aeronáutica civil y establece mecanismos para la planificación, regulación, control y supervisión de las actividades aeronáuticas. También regula las aeronaves no tripuladas, el personal aeronáutico, los servicios aéreos comerciales, los permisos de operación y los seguros obligatorios.

En materia de protección a los usuarios, la iniciativa incorpora disposiciones relacionadas con la suspensión o interrupción de viajes y los mecanismos de reembolso. Asimismo, establece un descuento del 50 % para adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de las medidas contempladas para garantizar condiciones específicas de protección a estos grupos.

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